Que la administración de Justicia sea transparente, confiable, eficiente y eficaz, garantizando, entre otros, el principio de legalidad, así como la protección y tutela de los derechos fundamentales en los asuntos de su competencia, preservando el equilibrio y la armonía institucional, la seguridad jurídica y la estabilidad estatal, bases esenciales de un Estado de Derecho Social, teniendo como causa última consolidar la paz social y el desarrollo de la democracia.

Ser una Institución que garantice y fortalezca el Estado Social y Democrático de Derecho, así como el acceso a la justicia a todas las personas, en un marco jurídico moderno que facilite el logro de su misión, gozando de la confianza total de la sociedad, por la integridad, independencia e imparcialidad de sus Magistrados, Consejeros, Jueces y demás Servidores Públicos de carrera judicial y administrativa, quienes cumplirán con su función bajo una cultura de excelencia y servicio, regido por un Código de Ética que regule su desempeño y conducta social, procurando, asimismo, dotarse con tecnología de punta para agilizar la administración de justicia.